La regla y la evidencia: lo que la ley electoral brasileña no alcanza a cubrir de un ataque falso contra una candidata

### LO QUE DICE LA REGLA

La regla brasileña que ataca de frente la violencia política contra la mujer es la Ley nº 14,192, del 4 de agosto de 2021, y su pieza penal vive en el Código Electoral: el artículo 326-B castiga acosar, constreñir, humillar, perseguir o amenazar, por cualquier medio, a una candidata a cargo electivo o a una mujer que ya tiene mandato, con menosprecio o discriminación por su condición de mujer o por su color, raza o etnia, para impedir o dificultar su campaña o el desempeño de su cargo, con pena de uno a cuatro años de reclusión y multa. El mismo artículo sube la pena en un tercio si la víctima está embarazada, tiene más de sesenta años o tiene una discapacidad.

La expresión que importa aquí es "por cualquier medio": alcanza lo que se hace en pantalla, incluido el contenido sintético. Lo que no alcanza es la persona. El tipo nombra a la candidata y a la que ya gobierna. La que todavía no es candidata queda fuera, y por eso los autores del análisis proponen extenderlo expresamente a las precandidatas, con un marco objetivo para evitar inseguridad jurídica, apoyándose en la noción de precandidatura que ya usa el artículo 36-A de la Ley nº 9,504/1997¹.

Alrededor de ese artículo hay más piezas. El Código Penal castiga la montaña de una foto, video o audio para meter a una persona en escena de desnudo o acto sexual íntimo (artículo 216-B) y la divulgación de esas escenas sin consentimiento (artículo 218-C). La violencia psicológica contra la mujer tiene su propio tipo (artículo 147-B), y una ley de 2025 le sumó un aumento de pena cuando se comete con inteligencia artificial o con cualquier recurso que altere imagen o voz de la víctima. En el terreno electoral, el Tribunal Superior Electoral publicó en 2024 la Resolución nº 23,732, que obliga a avisar cuando se usa contenido sintético en propaganda, y en 2026 la nº 23,755, que incluyó la violencia política contra la mujer entre los casos donde la plataforma debe retirar el contenido de inmediato o responde de forma solidaria.

El Tribunal fijó además, el 1 de septiembre de 2026, una tesis sobre qué cuenta como deepfake: contenido hecho o manipulado con inteligencia artificial que tenga grado de realismo o verosimilitud y que cree, reproduzca o altere imagen, voz o manifestación de una persona, siempre que esté dentro de un contexto de propaganda electoral. La tesis da seguridad a quien juzga, porque deja fuera las montajes burdos y las parodias evidentes². Y al mismo tiempo deja un hueco: el requisito del contexto de propaganda excluye los contenidos que producen terceros sin vínculo con campañas³.

### EL CASO QUE RESPONDE

Esta semana no se encontró ningún caso real que se pueda contar con nombre, lugar, fecha y una segunda fuente.

### LO QUE SE MIDIÓ

El Observatorio IA nas Eleições, del Data Privacy Brasil y del Aláfia Lab, contó 137 contenidos sintéticos con connotación política entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, entre ellos imágenes sexualmente ofensivas de mujeres con cargo electivo que el propio levantamiento clasifica como violencia política de género⁴. Son 137 en tres meses: algo más de un contenido y medio por día, y un crecimiento de la mitad frente al promedio diario del año anterior.

De esos 137, solo 37 —un 27 por ciento— avisaban que se había usado inteligencia artificial⁵. Un tercio de las publicaciones, el 34 por ciento, salió de agentes políticos: 32 contenidos de parlamentarios y precandidatos y 15 de partidos⁵. El dato incomoda porque desarma la idea cómoda de que todo esto lo hacen cuentas anónimas: buena parte viene de gente que ya está dentro del sistema político⁵.

En los tribunales, una investigación del IDP con Jusbrasil identificó 403 decisiones de la Justicia Electoral sobre deepfakes entre enero de 2020 y el 17 de julio de 2026, de las cuales 234 se clasificaron como de alta relevancia. Fueron 36 decisiones relevantes en 2024 y 164 en 2026, un crecimiento de cerca del 356 por ciento, todas anteriores al inicio oficial de la campaña⁶. Ese último detalle es el que importa para el votante: el ataque llega antes de que empiece la contienda, y la protección penal específica todavía no cubre a la precandidata.

¿Y en el laboratorio o en una elección? Los estudios de detección que acompañan este análisis se hicieron con conjuntos de video armados para probar programas, no con una elección real. En uno, evaluadores humanos reconocieron una falsificación de alta calidad apenas el 25 por ciento de las veces⁷. Son pruebas de método, no de elección.

### LA RESPUESTA DE OTRA REGIÓN AL MISMO PROBLEMA

Esta semana no encontramos ninguna corte, ley o autoridad de otro país que trate el mismo método con fecha verificada.

### CÓMO LO LEEMOS NOSOTROS

Así lo leemos. Una foto que una mujer publica por su cuenta puede copiarse, retocarse y volver a circular convertida en otra cosa, y las sociedades todavía no acuerdan qué hacer con esas alteraciones: si prohibirlas todas, si tolerar la caricatura o si castigar solo algunos casos. Es de esperarse que las imágenes sexuales falsas de candidatas se armen con material que ellas mismas publicaron, y que la discusión pública se enrede entre "es broma", "es caricatura" y "es delito", de modo que la respuesta llegue tarde. Sabríamos que nos equivocamos si los ataques usaran sobre todo material que las candidatas nunca publicaron, o si las autoridades resolvieran rápido y sin ambigüedad los casos presentados como humor. Usted puede hacer algo con esto: antes de compartir la imagen de una candidata, pregúntese si es una foto suya real alterada y a quién le sirve difundirla. Si es docente o periodista local, ayude a nombrar la diferencia entre crítica y humillación sexual.

Lo segundo que vemos es la plataforma. Las reglas pensadas para otro problema protegieron a quien aloja contenido ajeno, y esa protección se volvió escudo frente a lo que circula por sus sistemas. El decreto que reglamenta el Marco Civil deja fuera los servicios de mensajes privados⁸, y dos de los tres casos del análisis pasaron justamente por aplicaciones de mensajería. Es de esperarse que los contenidos falsos sigan visibles más tiempo del que exige la norma electoral, y que la pelea se traslade a los tribunales en lugar de resolverse en la pantalla. Sabríamos que nos equivocamos si las plataformas retiraran esos contenidos por iniciativa propia y en plazos breves, sin orden judicial ni amenaza de sanción. Usted puede guardar la liga, la fecha y la hora antes de reportar, y anotar si la plataforma respondió: ese registro sirve para preguntar a su autoridad electoral qué exigió y qué encontró.

### LO QUE NO SE SABE

El análisis termina antes del primer turno de las elecciones de 2026, y sus tres casos son ilustrativos, no una muestra representativa. No dice qué tan extendido estará el problema el día de la votación; dice dónde las reglas quedan delgadas.

Parte de la información sobre decisiones judiciales salió de notas periodísticas y no del texto completo de las sentencias, así que conviene tratarlas como reportadas y no como el registro completo de lo que decidieron los tribunales. Tampoco se hizo un análisis de fondo de las 164 decisiones de 2026: los propios autores piden ese estudio futuro con mirada de género. La incidencia de la violencia digital contra candidatas indígenas y de municipios del interior de la Amazonía queda señalada como no estudiada.

El artículo propone arreglos legales —extender el 326-B, definir en ley el contenido sintético, dar trámite prioritario a estas denuncias— pero no los probó: nada aquí muestra que esos cambios vayan a detener los ataques. Y no se midió el alcance ni el efecto persuasivo de los contenidos contados, solo su volumen y su origen.

Un número que se lee como si fuera de todos y es de un solo país: la proyección de pérdidas por fraude con deepfake supera los 40 mil millones de dólares en Estados Unidos para 2027⁹. No dice nada sobre Brasil, y no debe leerse como si dijera algo sobre su elección.

La brecha más concreta para quien decide solo es esta: si el ataque llega antes de que la mujer sea candidata formal, el tipo penal específico no la cubre, y la respuesta depende de reglas generales de propaganda o del Código Penal, con otra pena y otro camino.

Para el votante que mira una imagen antes de votar, la pregunta útil no es si la foto parece real, sino quién la subió, cuándo y si la candidata misma puede hoy acudir a una regla hecha para protegerla.